Damos pasos agigantados en reforma judicial: Cristina Portillo
La diputada del PRD celebra la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales por parte del Congreso del Estado de Michoacán, asegura que está próximo el cumplimiento de la reforma constitucional de 2008
Morelia, Michoacán, 06 de febrero de 2014.- Con la aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales por el Pleno de la Cámara de Diputados, indudablemente nos acercamos a pasos agigantados a cumplir con la reforma constitucional del 2008, así lo señaló la diputada local, Cristina Portillo Ayala.
El nuevo Código, destacó, busca armonizar los procesos penales en cada uno de los estados, lo que permitirá evaluar el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia; identificar las buenas prácticas procesales y los funcionarios que no cumplen con sus responsabilidades, además de hacer más claro y sencillo el proceso penal.
Como cualquier ordenamiento legal, apuntó, el Código Nacional de Procedimientos Penales es perfectible y su aplicación es innovadora, clara y eficiente, lo que permite consolidar el nuevo sistema de justicia penal. De ahí, subrayó, que sea indispensable terminar con esta etapa legislativa para pasar a la fase de implementación y difusión de sus alcances y beneficios.
La legisladora destacó que el Código Nacional de Procedimientos Penales aprobado con 407 votos a favor, 28 en contra y cinco abstenciones, considera un catálogo de medidas cautelares, entre las que se encuentran la prisión preventiva, la colocación de localizadores electrónicos, la inmovilización de cuentas y el embargo de bienes al inculpado. Estas medidas, subrayó, podrán tener una duración máxima de 60 días naturales, prorrogables hasta por 30 días más, atendiendo a las circunstancias de cada caso.
Cabe señalar que según los artículos transitorios del dictamen, éste entrará en vigor a nivel federal gradualmente sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.
Entre los aciertos de la reforma, pueden destacarse los principios procesales modernos y democráticos; derechos del imputado mejor definidos; derechos del ofendido y de las víctimas acrecentados; incorporación de los jueces de control, jueces de oralidad y sentencia; mecanismos alternos para la solución de controversias; mejoramiento del sistema de defensoría pública; atenuación del monopolio de la acción penal del Ministerio Público con criterios de oportunidad y acción privada, y sobre todo nuevo proceso acusatorio y oral, el cual define y estructura el Código Nacional de Procedimientos Penales.
