En Michoacán, no a la trata de personas
La activista social, Rosy Orozco, exhortó a pedir que se castigue este delito si se quiere una nueva historia para los michoacanos
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Morelia, Michoacán, 17 de junio de 2015.- En Michoacán, ha llegado el momento de decir no a la trata de personas, pronunció la defensora de los Derechos Humanos, Rosy Orozco, en el marco del Foro Legislativo sobre Derechos Humanos que se realiza en el Palacio Legislativo.
Lo anterior, luego de afirmar que en Michoacán hay impunidad, ya que no hay una sola sentencia y no se persigue el delito. Si queremos una nueva historia para los michoacanos y michoacanas, remarcó, “tenemos que pedir que se castigue la trata de personas. No vamos a acabar con esto hasta que la sociedad civil empiece por decir vamos a proteger a las víctimas…vamos a denunciar”.
En México, refirió la activista, existen 266 mil seres humanos en esclavitud, lo que ubica al país en el lugar número 18 del mundo en trata de seres humanos.
En este sentido, Rosy Orozco reconoció a los diputados Talía Vázquez Alatorre, Cristina Portillo Ayala y Laura González Martínez, por el interés en legislar en estos temas tan importantes y que permiten humanizar a la sociedad.
La trata de personas, explicó, es una violación a todos los derechos humanos, una forma extrema de violencia que lastima la integridad y la dignidad, “representa la esclavitud, es un delito grave”.
Con la Ley General para Prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las Víctimas de estos delitos, explicó a los presentes, las víctimas reciben atención, protección y asistencia integrales, hasta su reinserción en la sociedad, con procedimientos que garantizan que no serán revictimizadas por las autoridades.
También, dijo, la Ley General homologa el tipo penal para que el delito, se cometa donde se cometa, pueda ser perseguido en toda la república y todos podamos estar hablando de lo mismo cuando hablamos de Trata de Personas y delitos relacionados.
La ley actual obliga a las autoridades a actuar conforme lo disponen ahora los artículos 19 y 20 de la Constitución y el texto de la nueva ley, tomando medidas precautorias contra los delincuentes, protegiendo a las víctimas y ofendidos, tomando medidas especiales para que las víctimas enfrentes los procesos en condiciones de equidad y para proteger a ésta, a sus familiares y personas cercanas.
Finalmente, la activista exhortó a ser sensibles a las necesidades de la sociedad y llamó a seguir trabajando unidos, haciendo la diferencia y recordando que una nación es tan grande y fuerte como lo es el respeto a los derechos humanos, en especial, dijo, “cuando se trata de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país, que merecen un trato digno y recuperar su vida y libertad”.
