Política

Gobierno de Michoacán no atiende exhortos del Congreso: Xóchitl Ruiz

Estos actos son los que degradan y van en detrimento de la credibilidad del gobierno y de las Instituciones: Ruiz González
Estos actos son los que degradan y van en detrimento de la credibilidad del gobierno y de las Instituciones: Ruiz González

Hace más de 15 meses que se hizo el exhorto a la administración estatal para que pague 650 mdp que se adeudan a Seguros-Metlife, recursos que fueron desviados en 2011, 2012 y 2013 y afectan a más de 1 mil 800 profesores, señala la diputada del PRI

Morelia, Michoacán, 26 de octubre de 2017.-  Han transcurrido más de 15 meses y ni el gobernador Silvano Aureoles, ni el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza, han atendido el exhorto del Congreso del Estado para el pago de 650 millones de pesos que fueron desviados durante el periodo administrativo de los años 2011, 2012, y 2013 y que afecta a más de mil 800 profesores, señaló la diputada Xóchitl Ruiz González, al hacer uso de la tribuna en el Pleno del Poder Legislativo.

En su oportunidad el Congreso local aprobó en sesión ordinaria mediante acuerdo único número 146, el exhorto respetuoso al Titular del Poder Ejecutivo Estatal, a fin de que  instruya a la Secretaría de Finanzas y Administración, para que cubra el adeudo con la empresa Aseguradora Álamo Seguros-Metlife, con el objeto de que fueran entregados los pagos adeudados a los trabajadores de la educación pensionados, jubilados y sus familias, sin embargo el estado y la administración del gobierno en turno han hecho oídos sordos a la recomendación del Legislativo, precisó la diputada de cara al parlamento estatal.

También  es de subrayar -dijo- que esta omisión generada en pasadas administraciones, no exime al gobierno de responsabilidad, por ello -advierte-, el exhorto fue turnado y recibido con fecha 15 de julio de 2016 en la oficina de Despacho de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales, dependiente de la Secretaría de Gobierno del Ejecutivo del Estado, mediante oficio SSP/DGSATJ/DAT/DATMDSP/911/16, emitido por la Presidencia de la Mesa Directiva de este Honorable Congreso del Estado, que data 6 de julio de 2016 dirigido al Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, mismo que contenía el Acuerdo aprobado por esta Legislatura; asimismo, en el artículo décimo primero transitorio del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal del año 2017 se estableció lo siguiente:

“Con la finalidad de resolver la problemática derivada de la omisión de administraciones pasadas respecto a la falta de pago de las pólizas de jubilados, pensionados y seguros de vida a favor del sector salud, educación y burocracia contratados durante los periodos 2011 a 2014, la Secretaría de Finanzas y Administración de forma conjunta con las dependencias responsables directas del pago del seguro de que se trate, promoverán las acciones, acuerdos y demás actos jurídicos necesarios sin que se violenten las disposiciones jurídicas aplicables.

La Secretaría de Finanzas y Administración informará al Congreso del Estado con la finalidad de que coadyuve, mediante la modificación de las disposiciones jurídicas necesarias que permitan resolver esta problemática”.

Agrega la legisladora que hoy han pasado más de un año y tres meses y solo se puede desprender que este acuerdo sirvió para ‘enlodar’ de nueva cuenta el prestigio del gobierno, pues se conoce de presuntos actos de corrupción, que el gobierno deberá de esclarecer y si al caso, fincar las responsabilidades administrativas y judiciales a los que resulten indiciados.

“Desafortunadamente supimos que se les entregó el pago por parte de la Secretaría de Finanzas a un poco más de 200 personas; que lamentablemente fueron presionados para entregar una cooperación forzosa de quinientos pesos, misma que se le informaba a las autoridades, supuestamente a la encargada de Recursos Humano, de que ya habían pasado a reportarse con el Profesor Hugo García y posteriormente se les entregaba la tarjeta”.

Estos actos son los que degradan y van en detrimento de la credibilidad del gobierno y de las Instituciones que hoy en día desde la presidencia de la República se pretenden abatir, pero se requiere de la voluntad y transparencia de los responsables de las instituciones, y si es el caso que se apliquen las medidas correctivas necesarias, expresó.

“Si queremos que nuestro estado crezca socialmente, debemos de comprometernos como funcionarios públicos que somos, en el cumplimiento de los derechos de las personas, que día a día, durante toda su vida productiva entregan al servicio de la sociedad y que injustamente se les prohíbe acceder, con la negativa de un simple “No hay Dinero”, o eso no nos corresponde porque fue en otra administración”, acotó.

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