Michoacán tuvo un año complejo en gobernabilidad: Mario Armando Mendoza
El diputado del PRI, refirió que la falta de aplicación del Estado de Derecho, derivó en una serie de acciones que dañaron la confianza ciudadana en las instituciones y la paz social
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Morelia, Michoacán, 27 de diciembre de 2016.- Michoacán sufrió un año complicado en materia de gobernabilidad, por lo que se requiere atender de manera eficaz los problemas sociales y políticos, para evitar que estos colapsen a la entidad como ha ocurrido en los últimos años, afirmó el diputado del PRI, Mario Armando Mendoza Guzmán.
El diputado local del PRI, mencionó que durante este año se dieron al menos en tres ocasiones la suspensión de corridas de autobuses, este lamentable acontecimiento primero ocurrió en agosto, el segundo en septiembre y otro más a mediados de octubre, en donde fueron graves las afectaciones económicas para las empresas, pero también para miles usuarios del transporte foráneo.
En este sentido, refirió que las principales causas de estas suspensiones obedecieron a la omisión de las autoridades respecto al actuar de los integrantes de las escuelas normales de la entidad, por lo que consideró fundamental aplicar el Estado de Derecho, y evitar continúen acciones vandálicas que dañan la economía y desarrollo de Michoacán, pero que además afectan la paz social.
Mendoza Guzmán manifestó que durante meses los normalistas retuvieron 95 unidades vehiculares, y aunque fueron recuperadas, muchas de estas fueron entregadas en malas condiciones, por lo que lamentó que se hayan tenido pérdidas económicas, pero la más importante la afectación a la confianza ciudadana.
El diputado subrayó que el Congreso del Estado, desde su trinchera ha hecho lo propio y en octubre pasado se aprobó por unanimidad la reforma al artículo 208 del Código Penal del Estado de Michoacán, en donde se agrava el robo de uso.
Finalmente dio un voto de confianza en que el 2017, permita establecer acciones claras por parte de la autoridad estatal que restablezcan la confianza en las instituciones responsables de aplicar la ley y la justicia, para generar condiciones de desarrollo en el estado.
