Personas en situación vulnerable merecen mejor atención: Adriana Hernández
La coordinadora del PRI en el Congreso del Estado presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública y del Código de Justicia Administrativa de Michoacán
–
Morelia, Michoacán, 15 de noviembre de 2017.- Los diversos entes gubernamentales del Estado no cuentan con el personal capacitado para dar la atención y solución a personas que, por alguna razón, se encuentra en situación vulnerable para realizar algún trámite, afirmó la diputada Adriana Hernández Íñiguez, presidente de la Junta de Coordinación Política, quien presentó la iniciativa para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública y del Código de Justicia Administrativa, ambos del Estado de Michoacán de Ocampo.
La coordinadora de la bancada priísta en el Congreso del Estado explicó que su propuesta marca que todas las autoridades de la Administración Pública Estatal, dentro del respeto a la cultura y protección de los pueblos indígenas, así como de las personas con discapacidad, están obligadas, en caso de ser necesario, a dar la atención a través de un traductor o intérprete, según sea el caso.
En ese sentido, Hernández Íñiguez mencionó que una de las tareas fundamentales de los gobiernos democráticos es la de dotar de las mismas oportunidades a los ciudadanos, así como velar por el respeto a los derechos humanos de cada individuo, de ahí la necesidad de crear mecanismos necesarios para que toda persona, sea cual fuere su situación, obtenga por parte de las autoridades las herramientas necesarias para lograr su desarrollo.
“Es menester señalar que las dependencias de la Administración Pública Estatal, en el ámbito de sus competencias, estarán en la posibilidad de firmar convenios de colaboración con los otros poderes del Estado para la facilitación de traductores e intérpretes, en los asuntos que se les presente”, dijo la legisladora por el distrito de La Piedad.
Finalmente detalló que la propuesta señala que las instituciones de impartición de justicia deberán contar con peritos especializados en las diversas discapacidades, apoyo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, así como la emisión de documentos en sistema de escritura Braille.
