Pide CPC al Congreso de Michoacán revisar perfil de Adrián Avellaneda
Ha trascendido que el abogado ha sido aprobado como próximo consejero del Poder Judicial, sin embargo, se presume que ha sido observado por la ASF y la SFP por supuestas irregularidades financieras y administrativas
Morelia, Michoacán, 30 de octubre de 2019.- Según comunicado de prensa: En días pasado la Comisión de Justicia del Congreso del Estado aprobó la propuesta del Lic. Adrián Avellaneda Hernández como futuro miembro del Consejo Judicial del Poder Judicial del Estado de Michoacán.
Asimismo, ha trascendido que dicho funcionario ha sido observado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por el Órgano Interno de Control de Secretaría de la Función Pública (SFP) por supuestas irregularidades financieras y administrativas, ante lo cual el profesionista ha interpuesto diversos recursos legales, los cuales hasta la fecha de hoy han sido negados, ratificando la sanción impuesta.
Por lo anterior, desde el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción hacemos un respetuoso llamado al Congreso del Estado para que revisen el perfil del próximo integrante del Consejo Judicial que habrán de designar en próximos días.
Más allá del perfil profesional, sin menospreciar el principio de presunción de inocencia de quien ha sido aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso y mencionado como posible integrante del Consejo Judicial, hacemos énfasis en la importancia de vigilar que la propuesta de mérito goce de una buena reputación tal como lo establece el artículo 67 y 76 de la Constitución Política de nuestro Estado.
Ello es así, pues la principal labor que tiene el Consejo Judicial y por ende sus integrantes es la administración y vigilancia del Poder Judicial, materias por las cuales justamente ha sido señalado el profesionista propuesto.
Por último, en el marco del respeto a la soberanía y atribuciones que tiene el Congreso del Estado solicitamos que este caso como el resto de las designaciones que afectan la vida orgánica de los órganos del Estado y directamente la prestación de un servicio para la ciudadanía se realicen mediante un ejercicio de parlamento abierto, donde la transparencia y la participación ciudadana sean los ejes de los procedimientos.
