Plantea Laura González que gobiernos sean responsables por omisiones

La diputada del PAN señala que ya está en comisiones una iniciativa para que autoridades, sobre todo las municipales, se hagan responsables por daños patrimoniales por baches y drenajes mal atendidos, por ejemplo

Morelia, Mich., 29 de agosto de 2013.- En los últimos días se han presentado en la capital michoacana acontecimientos desafortunados que a causa de la falta de atención y de un vacío legal, han cobrado la vida de personas sin tener una vía para deslindar responsabilidades, por lo que se requiere la autenticidad de un estado de derecho que garantice a los gobernados un proceso efectivo contra los actos de autoridad, soportado mediante la indemnización correspondiente, así lo manifestó la diputada Laura González Martínez.

En este tenor la legisladora albiazul recordó que en el Congreso local presentó una iniciativa que prevé la existencia de la responsabilidad del Estado por los daños que con motivo de su actividad administrativa irregular cause en los bienes o derechos de los particulares, “dicha propuesta, que se encuentra en comisiones, establece sanciones a las omisiones del gobierno”, enfatizó.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso del Estado dijo que los ayuntamientos michoacanos son quienes reciben la mayor cantidad de acusaciones por daños, sin contar con un mandato que les apoye a resolver los asuntos de manera clara, ni el presupuesto para solventarlos, “por lo que es importante que en la brevedad sea aprobada la mencionada iniciativa con esta iniciativa ya que pretende otorgar certeza jurídica  a los ayuntamientos, así como la asignación de una partida presupuestal para soportar la carga”, explicó.

Asimismo, señaló que dentro de los casos de daño patrimonial sobresalen los causados por baches, así como por drenaje mal atendido, “con esta iniciativa la autoridad responderá cuando se haya producido el daño a los particulares en cualquiera de sus bienes o derechos; que el daño inferido sea imputable a un servidor público con motivo de su actuación administrativa irregular y exista un acto desencadenado por la omisión del Estado”.

Finalmente, González Martínez expresó “la propuesta de Ley es clara, determina los casos en los cuales la autoridad debe responder por los daños y perjuicios que su actividad haya ocasionado y en el supuesto de que se trate de fraudes los entes públicos podrán dar vista al ministerio público para que éste le dé trámite correspondiente, puntos específicos que darán mayor certeza a los michoacanos sobre su tránsito por la ciudad”, concluyó.