Plantea Raúl Morón tolerancia cero a funcionarios corruptos

El senador del PRD presentó iniciativa de reforma en materia de responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos que incurran en actos de corrupción y tráfico de influencias

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México, D.F., 26 de febrero de 2015.- Uno de los mayores lastres que impide el crecimiento de México es la corrupción, la cual se ha enquistado como una conducta antijurídica y antiética, que desafortunadamente, para algunos, parece una práctica normal y cotidiana, entre servidores públicos y ciudadanos. Por ello, para cumplir con el adecuado manejo de los recursos públicos y combatir la corrupción e ineficiencia en su desempeño, se deben hacer algunas reformas que mejoren el comportamiento ético y burocrático del aparato gubernamental, endureciendo las sanciones tanto administrativas, como las que establece el propio Código Penal Federal, destacó Raúl Morón.

El Senador de la República presentó ante el pleno de la Cámara Alta iniciativa de reforma en materia de responsabilidades administrativas y penales de los servidores públicos que incurran en actos de corrupción y tráfico de influencias.

Destacó que en los últimos 30 años se han propuesto mecanismos de combate a éste flagelo, pero que no han rendido los frutos esperados. Por el contrario, al paso de los años, el problema se agrava: “la corrupción ha debilitado los esfuerzos para combatir la pobreza y la desigualdad, ha mermado la eficacia para fomentar el crecimiento económico, ha alejado inversiones productivas del país y ha sido una de las causas de la propagación del narcotráfico y de la crisis de seguridad pública que vive México.  En el ámbito de la economía, hay evidencia suficiente para sostener que debido a la corrupción se incrementan los precios de los bienes y servicios y su calidad se deteriora”, advirtió Morón.

Destacó que una de las exigencias en la vida social, no solo es sujetar los actos de la autoridad a normas de competencia que le permitan al gobernado conocer las limitaciones legales del poder público y defender su esfera particular de libertades jurídicas, sino además, que el servidor público rija su conducta por un código, cuyo contenido y naturaleza sean reconocidos y acatados voluntaria y espontáneamente por él.

Sin embargo, reiteró que desafortunadamente, durante los más de dos años que lleva la presente administración de Enrique Peña Nieto, el combate a la corrupción no ha sido un tema prioritario y “la reforma que seguramente en próximos días estaremos discutiendo, no son más que acciones remediales que no resuelven el problema de fondo, sobre todo porque las acciones y los ejemplos hasta hoy evidenciados, no corresponden al discurso y las promesas gubernamentales”.

Por ello, en la iniciativa de reforma Raúl Morón propone incorporar al catálogo de obligaciones de los servidores públicos, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como  resarcir el pago de la indemnización derivada de responsabilidad patrimonial, en los términos de la legislación aplicable.

“En materia de responsabilidades de los servidores públicos, el Estado no debe, no puede ser benevolente, con quienes han traicionado la confianza de la sociedad, por ello, el día de hoy, mediante esta iniciativa, estamos proponiendo calificar de grave los actos de responsabilidad que trascienden e impactan gravemente en el bienestar social, como el uso indebido de atribuciones y facultades, abuso de funciones y tráfico de influencias, así como el manejo inadecuado de los recursos públicos que ha trascendido hasta su distracción con el fin de obtener un beneficio personal o para favorecer los intereses de amigos y familiares, con el fin de que sean severamente sancionados”, enfatizó.

El Legislador michoacano destacó Esta política de cero tolerancia a la corrupción de los malos servidores públicos, debe quedar reflejada de igual forma en el Código Penal Federal, como ha sido planteada en esta iniciativa de reforma, con el objeto de incrementar la multa y la pena a que se hacen acreedores quienes estando en funciones públicas, cometen delitos contra el patrimonio público y social,  así como el incremento de los años de inhabilitación para desempeñar otras responsabilidades, con el fin de homologarlos con los que establece la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.