Por desindexación del salario, reformarán 63 leyes y códigos de Michoacán
En comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y Hacienda y Deuda Pública aprobaron el dictamen mediante el cual se reforman más de 60 normativas locales, a fin de armonizar la legislación del estado vigente con la reforma constitucional federal en materia de Desindexación del Salario Mínimo
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Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2016.- En comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Justicia y Hacienda y Deuda Pública aprobaron el dictamen mediante el cual se reforman más de 60 normativas locales, a fin de armonizar la legislación del estado vigente con la reforma constitucional federal en materia de Desindexación del Salario Mínimo.
Los diputados Rosa María de la Torre, Presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, Manuel López Meléndez, Jeovana Alcántar, integrantes de la misma; Ángel Cedillo, Nalleli Pedraza y Ernesto Núñez, presidente e integrantes de la comisión de justicia; así como Miguel Ángel Villegas, presidente de la comisión de Hacienda y Deuda Publica, Socorro Quintana; en reunión de trabajo analizaron y dictaminaron la iniciativa propuesta por la comisión de Puntos Constitucionales presentada ante el Pleno del Congreso del Estado.
En este sentido, el dictamen que será presentado en la próxima sesión para su discusión y votación, propone sustituir la denominación “salario mínimo”, por Unidad de Medida y Actualización, para ser considerada como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes.
Lo anterior de acuerdo a la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de enero de 2016, y que en su artículo cuarto transitorio obliga a las Administraciones Públicas Federal, Estatal y Municipales para realizar adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos, en un término de un año a partir de su publicación.
En este tenor, los parlamentarios en un artículo transitorio del dictamen instruyen al Ejecutivo y Ayuntamientos a realizar la armonización correspondiente en sus ordenamientos, teniendo como fecha fatal el 28 de enero de 2017 para tal efecto.
