PRI aprobará Paquete Económico para Michoacán, anticipa Adriana Hernández

La coordinadora del tricolor en el Congreso del Estado aseguró que es un acto de responsabilidad, pues cuando se ejerce una función pública, se tiene que anteponer el interés superior, pues los perjuicios no los paga el gobierno, sino la gente, aun cuando ésta esté inconforme

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Morelia, Michoacán, 30 diciembre de 2015.- La aprobación del presupuesto 2016 para el estado de Michoacán es un acto de responsabilidad, afirmó la Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez, al ser entrevistada respecto a la aprobación de la Ley de Ingresos y el  Presupuesto de Egresos del Estado.

Reiteró que como actuales diputados locales, no son los responsables del quebranto financiero que data desde hace varias administraciones estatales. No obstante, dijo, «debemos asumir la responsabilidad del momento histórico que nos toca vivir. De no activar la economía, estaríamos condenando a la entidad a una parálisis del gobierno en su conjunto lo que, a su vez, ocasionaría trastornos a las diferentes actividades como el comercio, la industria, la agricultura y con ello al empleo, en perjuicio de la mayoría de los michoacanos”, sentenció.

Cuando se ejerce una función pública, sostuvo, se tiene que anteponer el interés superior, sin importar quién ejerce el ejecutivo, pues los perjuicios no los paga el gobierno, sino la gente, aun cuando ésta esté inconforme.

Hernández Íñiguez sostuvo que ser parte del gobierno, aún en oposición, obliga a darle viabilidad al ejecutivo para que cumpla con sus misiones constitucionales. “Nunca el tema de los impuestos ha sido algo popular, no ha sido una decisión fácil para nosotros. La vía más fácil es rechazar todo y escudarnos en la oposición popular, pero nosotros sabemos que esto es una irresponsabilidad mayúscula que dañaría terriblemente la normalidad de la población en los municipios, quienes quedarían expuestos a su suerte al perder el apoyo gubernamental”.

Destacó que el ejecutivo debe valorar el esfuerzo legislativo y corresponderlo con medidas de disciplina, orden y austeridad en el gasto, para que la sociedad aprecie que esto vale la pena.

La legisladora por La Piedad rechazó que se hubiera hecho una aprobación a ciegas ni por imposición. Sostuvo que costó esfuerzo y se pusieron los candados, a través de varios transitorios, en el presupuesto que se consideraron prudentes, para mejorar la eficiencia en el ejercicio del gasto.

Sin embargo, también reiteró que están garantizando que cada peso que el ciudadano contribuya, le sea regresado en servicios y proyectos productivos, “no se destinará a gasto corriente ni servicios personales”.

Señaló que como oposición y, “en un tema de popularidad, lo más fácil sería oponernos». No obstante precisó, que como representantes populares, diariamente atienden a empresarios, productores y agricultores a los cuales el ejecutivo estatal les adeuda y ha comprometido su capital familiar. «De no hacerlo no habrá condiciones para que se les pague y mejore nuestra economía».

Cuestionada respecto a la tardanza para el inicio de la sesión de pleno, consideró que eso no debe llamar la atención en forma negativa, se debe a que se hicieron reflexiones, análisis y se procuraron los consensos mayores. Se resolvió un año de gasto gubernamental, entre servidores públicos que piensan distinto y se privilegiaron los acuerdos; “no estábamos en un club de amigos entreteniéndonos con juegos de mesa”, acotó.

 Ese trabajo permitió exigir que se integraran los conceptos siguientes:

 -300 millones de pesos más para el campo.

 -Mayores recursos para infraestructura como caminos rurales y de saca cosechas.

 -Proyectos productivos para mujeres.

 -Mayor  financiamiento para Ciencia y Tecnología.

 -La Secretaría de Educación en el Estado deberá implementar un programa de reingeniería financiera y administrativa, que garantice la transparencia en la aplicación de los recursos asignados, los pagos a docentes y trabajadores administrativos. Dicho programa deberá contener objetivos y metas evaluables, así como un cronograma de ejecución. Este programa deberá ser comunicado a más tardar el 31 de octubre de 2016. Así mismo, será la Auditoría Superior de Michoacán, el órgano encargado de evaluar dicho programa. Se instruye a la Auditoría del Estado para que, en ejercicio de sus atribuciones, elabore un diagnóstico que transparente el número de plazas y recursos estatales en el sector educativo, en todos sus niveles, explicitando su uso, destino y ubicación.

 -La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo deberá implementar la reingeniería administrativa, en donde se contengan metas y objetivos claramente evaluables, así como un cronograma de ejecución; dicha reingeniería deberá certificar y garantizar el control interno del gasto, en lo relativo a rubros como Casas de Estudiante, la Dirección de Control Escolar, prestación y contratación de servicios; además de presentar una propuesta viable de reforma al régimen de jubilaciones y pensiones mediante la reforma al artículo 29 de la Ley Orgánica de la UMSNH, lo que será comunicado a este Congreso del Estado, a más tardar el 31 de marzo de 2016.

Adicionalmente, los diputados locales del PRI impulsarán la bancarización de  los servicios que brinda el Gobierno del Estado para evitar fugas millonarias y buscar mejoras en cuanto a la calidad de los mismos, entre otras acciones que permitirían tener condiciones económicas distintas, más favorables en menos de un año.