Propone Ernesto Núñez sanciones contra el ejercicio ilegal de la medicina
Busca tipificar como delito grave la usurpación de funciones médicas y sancionar a escuelas sin validez oficial
Ciudad de México, 29 de octubre de 2025.- El diputado federal por Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, presentó una iniciativa para combatir el ejercicio ilegal de la medicina en México, mediante reformas al Código Penal Federal y a la Ley General de Salud que establecen penas de hasta ocho años de prisión para quienes ejerzan funciones médicas sin certificación.
El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) advirtió que la salud de los mexicanos está en riesgo por la usurpación de funciones médicas, una práctica cada vez más común. “Cada día escuchamos de clínicas o consultorios donde se realizan tratamientos quirúrgicos o estéticos sin contar con la preparación, la certificación o la autorización correspondiente”, afirmó.
La iniciativa, elaborada en colaboración con la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER), propone sancionar con cuatro a ocho años de prisión a quienes ofrezcan servicios médicos sin contar con los estudios profesionales o especialidades acreditadas.
También contempla penalizar intervenciones quirúrgicas realizadas sin la certificación correspondiente, y establecer sanciones para médicos que invadan funciones o especialidades en las que no estén debidamente acreditados.
Núñez Aguilar planteó además regular las escuelas “patito” que imparten estudios de medicina sin el Reconocimiento de Validez Oficial de la SEP.
“No podemos permitir que quienes no tienen formación profesional ni cédula médica intervengan en la salud de las personas. Tampoco que un médico invada áreas o especialidades para las que no está autorizado. Cada profesión médica implica años de estudio, práctica, certificación y ética”, subrayó.
El legislador enfatizó que la reforma busca garantizar que toda intervención quirúrgica o de especialidad sea realizada únicamente por médicos certificados y registrados ante las autoridades competentes, además de establecer que la emisión de diplomas de especialidades médicas corresponda solo a instituciones oficialmente reconocidas.
“La salud es un derecho humano que no admite improvisaciones. La confianza de los pacientes debe ser protegida por la ley. Y la ética médica debe ser el escudo que preserve la vida, no un negocio sin control ni respaldo académico”, concluyó.
