Propone Juan Carlos Orihuela una Ley del Patrimonio Estatal
El diputado del PRI plantea una actualización de este ordenamiento jurídico que permita a Michoacán reordenar, administrar, conservar y destinar de manera óptima su patrimonio
Al considerar que el patrimonio del Estado constituye un instrumento de la mayor importancia para la realización de sus atribuciones, dado que los bienes que lo integran sirven a los propósitos de una eficiente función pública el diputado Juan Carlos Orihuela Tello presentó ante el Pleno una Iniciativa de Ley del Patrimonio Estatal de Michoacán.
El legislador destacó que el patrimonio estatal requiere de un manejo eficiente que permita su óptimo aprovechamiento, lo cual ya no ofrece la ley vigente.
Recordó que la actual Ley de Patrimonio Estatal en sus 49 años de vigencia, ha permanecido inalterada, por lo que sus alcances resultan inapropiados para la realidad actual, lo que se ha traducido en deficiencias de control, supervisión, subutilización y en algunos casos, disposición inadecuada de los bienes patrimoniales.
Por tal motivo, se propone una actualización de este ordenamiento jurídico que permita al Estado, reordenar, administrar, conservar y destinar de manera óptima su patrimonio.
Con esa finalidad se incluyen disposiciones de control y supervisión en lo relativo a bienes patrimoniales de las entidades que integran el sector paraestatal y a los bienes asignados a los poderes estatales.
Se adoptan también providencias en lo relativo a las áreas de donación que por ley deben otorgarse al Estado; se propone la figura de concesión como una forma de dotar de dinamismo a los inmuebles de derecho público y se dispone la coordinación y concurrencia entre dependencias con funciones afines en materia patrimonial. La iniciativa fue turnada a las Comisiones de Hacienda y Deuda Pública, así como Programación Presupuesto y Cuenta Pública para su análisis y dictamen.
Posteriormente, Orihuela Tello presentó la Iniciativa de Decreto mediante la cual se reforman diversas disposiciones del Código Penal del Estado con la finalidad de aumentar las sanciones para quien incurra acciones que resulten en daños contra el patrimonio de las personas y del estado, así como agresiones contra la autoridad misma.
La iniciativa prevé que ante la necesidad de mantener el estado de derecho, así como de restaurar la confianza de la sociedad en los elementos policiales y el respeto de los grupos sociales a la autoridad, se deben agravar las injurias cometidas contra los mismos.
Lo anterior, sin dejar en la indefensión a los grupos manifestantes, sino con la intención de fomentar una relación de mutuo respeto y para reforzar la necesidad de reuniones pacíficas con fines lícitos.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para su estudio, análisis y dictamen.
