Raymundo Arreola propone medidas para frenar robo de vehículos
El presidente del Congreso del Estado presentó una propuesta de punto de acuerdo para que se expidan certificaciones de no reporte de robo vehicular y no alteración en sus números confidenciales de identificación
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Morelia, Michoacán, 11 de mayo de 2016.- En lo que va del año en Michoacán se han cometido cerca de mil 200 delitos de robo de vehículo denunciados, situación que sigue siendo en la actualidad un negocio muy lucrativo para las bandas delincuenciales, señaló el diputado Raymundo Arreola; por ello, propuso exhortar al titular del Ejecutivo del estado a fin de que expida certificaciones de no reporte de robo vehicular y no alteración en sus números confidenciales de identificación.
En la propuesta de acuerdo que fue turnada a la comisión de Justicia para su análisis y dictamen, el parlamentario precisó que dicho delito en el 2015 se cometió un total de cinco mil 734 robos de vehículo, de los cuales con violencia fueron cometidos mil 354 y sin violencia cuatro mil 380, afectando no solo al patrimonio de los michoacanos, sino en algunos casos su integridad corporal e incluso su vida.
Por lo cual, el legislador planteó en sesión ordinaria la posibilidad de exhortar que se incluya como requisito indispensable para el trámite de Cambio de Propietario de Vehículos Automotores Usados y Remolques del Servicio Particular, así como para el alta de un vehículo usado a favor de cualquier concesionario, presentar el certificado de no reporte de robo vehicular y no alteración en sus números confidenciales de identificación, expedido por la PGJE.
Arreola Ortega, subrayó que en la entidad han sido muchos los esfuerzos para tratar de inhibir esta incidencia delictiva, tanto en el Código Penal vigente aun en dos regiones, como el Nuevo Código Penal Para el Estado de Michoacán de Ocampo vigente en las regiones en que ya opera el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en ambos se tipifica como delito, el que se adquiera, posea o enajene objetos robados o de procedencia ilegal, y que no se cerciore de la legal procedencia de estos.
Sin embargo, resaltó que este mandato legal dista mucho de la realidad, ya que si bien es cierto personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, principalmente agentes de investigación, antes policías ministeriales, realizan este tipo de verificación, la institución no entrega ningún tipo de documento, que le garantice al ciudadano y con el que pueda comprobar que efectivamente cumplió con el mandato legal de cerciorarse de la legal procedencia del vehículo que está recibiendo o poseyendo, lo que genera incertidumbre.
