Se opone Mario Armando Mendoza a operativos contra huertas ilegales
El diputado del PRI exhorta al Gobierno de Michoacán a suspender los operativos, dice que se han efectuado de manera irregular y que el exhorto hecho en el Senado fue avalado por todos (los dos) senadores del tricolor por Michoacán
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Morelia, Michoacán, 15 de mayo de 2017.- El punto de acuerdo presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI, mediante el cual se exhorta al Gobierno del Estado de Michoacán, para que suspenda los operativos que se han efectuado de manera irregular contra productores, fue avalado por todos los senadores michoacanos, afirmó el diputado del PRI, Mario Armando Mendoza, al señalar que no se puede aplicar la ley, violentándola.
El diputado llamó a no politizar el tema, y demandó al líder estatal del PRD, Carlos Torres Piña a reconocer que diversos funcionarios del actual gobierno se están haciendo de huertas y de ranchos, lo cual es conocido y seguramente pronto se dará a conocer quiénes son ellos.
“Que mal que le hayan ordenado al presidente del PRD, de parte del gobierno del estado salir a avalar una acción totalmente ilegal en el procedimiento”, dijo.
El legislador priista aclaró que no está en contra de que en Michoacán se sancione a quienes incurran en alguna irregularidad o cometan acciones fuera del marco legal, pero todo debe ser enmarcado dentro del debido proceso tal como lo establece la Constitución.
Recordó que existe un marco legal que establece claramente las facultades de cada dependencia tanto federal como estatal, y no corresponde aplicar la ley, violentando los derechos humanos de los perjudicados.
Sobre los señalamientos de los detractores de esta propuesta, dijo el diputado local, que el punto fue firmado por los senadores de Michoacán y no por uno solo, y agregó que el tema no está a discusión sobre el cuidado del bosque y del medio ambiente.
Expuso que el tema de fondo es que no se puede aplicar la ley, violando la misma, aplicando acciones de forma retroactiva y violentando los derechos de las personas que han sido afectadas, “es un tema de legalidad del debido proceso no es político”.
Se pronunció por el respeto y aplicación de la ley, pero no por intereses para favorecer a familiares y amigos de funcionarios de gobierno.
