Se pronuncia Víctor Silva a favor de la máxima transparencia
El diputado federal y dirigente estatal del PRI en Michoacán subrayó que ayer el Congreso de la Unión consumó el proceso legislativo que abriría un amplio escrutinio sobre el Estado mexicano bajo el principio de máxima publicidad
–
México, D.F., 20 de abril de 2016.- Sindicatos, partidos políticos, empresas y personas físicas que ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad serán sujetos obligados de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que contribuirá a eliminar espacios de opacidad en la vida pública del país, anunció el diputado federal Víctor Silva Tejeda.
El legislador michoacano subrayó que ayer el Congreso de la Unión consumó el proceso legislativo que abriría un amplio escrutinio sobre el Estado mexicano bajo el principio de máxima publicidad.
Ejemplificó que el gobierno no podrá clasificar como reservada aquella información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos y actos de corrupción. Sin embargo, habrán de quedar reservados los datos que pongan en riesgo la vida o la integridad de las personas físicas.
En lo sucesivo, bajo la nueva Ley de Transparencia, los sindicatos deberán publicar y mantener actualizada la información relativa a contratos y convenios que celebren con la autoridad, los padrones de socios, la relación detallada de los recursos económicos recibidos y el destino final de los recursos públicos que ejerzan.
Por su parte, los partidos políticos deberán publicar las listas de los aportadores de recursos a las campañas y precampañas, así como el currículo con foto de todos los precandidatos y candidatos. Otras obligaciones partidistas incluyen publicar el padrón de afiliados y militantes, y los contratos de arrendamiento, entre otras.
Silva Tejeda destacó que el número de sujetos obligados se incrementa de 245 a 850 a nivel federal, con un fuerte reforzamiento de las sanciones frente al incumplimiento.
“Hoy estamos aprobando una legislación conforme a los más altos estándares de transparencia y rendición de cuentas, compatible con la Constitución y con los tratados internacionales para ofrecer a la ciudadanía información verificable, inteligible, relevante e integral. Con esto garantizamos el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier sujeto obligado”.
