También Víctor Báez urge a la 4T a revisar Ley de Coordinación Fiscal
Se requiere un nuevo esquema financiero que fomente el desarrollo de los estados y los municipios, señaló el coordinador de los presidentes municipales de Morena en Michoacán
Pátzcuaro, Michoacán, 20 de noviembre de 2019.- La responsabilidad financiera a la que todos los municipios deben ajustarse es una obligación ineludible en esta etapa de reconstrucción de la vida nacional impulsada por el gobierno federal a través de la Cuarta Transformación.
Pero esta responsabilidad debe ser acompañada por un nuevo esquema financiero que fomente el desarrollo de los estados y los municipios, señaló el coordinador de los presidentes municipales de Morena en Michoacán, Víctor Manuel Báez Ceja.
“La ley que actualmente rige la distribución de los recursos federales que se entregan a los estados y los municipios data de la década de los 70’s y hoy representa un lastre que limita la autonomía y la soberanía de los estados y los municipios”, argumentó el alcalde de Pátzcuaro.
Para ejemplificar lo obsoleta que resulta la actual ley frente a la realidad, Báez Ceja resaltó la movilidad que ha tenido población durante los 40 años que la Ley de Coordinación Fiscal lleva vigente.
“No solamente es el crecimiento poblacional sino la concentración que ha tenido en las zonas urbanas, lo cual ha incrementado en más de un 200 por ciento la demanda de los servicios públicos”.
Voces calificadas sobre el tema, como la de Porfirio Muñoz Ledo, han resaltado la importancia de esta actualización de las reglas fiscales, en su caso particular y en su papel como diputado federal, proponiendo la realización de una convención hacendaria cada tres años. “No se ha realizado una sola convención desde 1948”, resaltó el alcalde.
Víctor Báez agregó que la recomposición del país necesita de reglas claras, principalmente en el manejo de los recursos, así como de recursos suficientes para que el desarrollo local, desde el ámbito municipal y estatal, permitan empezar a resarcir las desigualdades generadas por el centralismo administrativo al que está sujeto el desarrollo social en México.