Tortura y desaparición forzada, obligan a más investigación legislativa
El diputado Antonio Sosa consideró que es necesario una atención legislativa especial en Michoacán sobre ambas problemáticas
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Morelia, Michoacán, 17 de junio de 2015.- El diputado local Antonio Sosa López consideró que el tema de la tortura merece una atención legislativa especial en Michoacán, que requiere una revisión a fondo de los actuales marcos jurídicos.
Al respecto, el diputado integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la LXXII Legislatura señaló que “la violencia no se debe combatir con más violencia”, enfatizó.
Luego de participar en el Foro Legislativo sobre Derechos Humanos, consideró que las estadísticas e indicadores que han dado a conocer activistas y luchadores de los derechos humanos en el país sobre la situación que impera en materia de trata, tortura y desaparición forzada en Michoacán, deberán revisarse y cotejarse con todas las fuentes de información de instituciones y organizaciones.
Lo anterior, al reconocer que no se puede descartar que la situación es compleja.
En opinión del diputado local, la LXXII Legislatura del Congreso del Estado ha dado fuerte impulso a iniciativas de ley y de reforma a marcos jurídicos vigentes en el tema de los derechos humanos.
Resaltó que la Comisión de Derechos Humanos es uno de los órganos de dictamen que también se ha destacado por la atención a más iniciativas sobre el tema, muestra de ello es que actualmente se cuenta con dos propuestas sobre la trata, tortura y desaparición forzada de personas en la entidad, planteadas por legisladores de las distintas fracciones parlamentarias.
Es de recordar que en días pasados se presentó iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Prevenir, Sancionar y Combatir la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Estado de Michoacán, a cargo de los diputados Talía Vázquez Alatorre, Cristina Portillo Ayala y Santiago Blanco Nateras.
Sosa López explicó que además de regular y sancionar esto delitos, se pretende la reparación del daño a las personas que hayan sido víctimas de estos delitos, promoviendo la participación protagónica de los ciudadanos y ciudadanas, a través organizaciones sociales y organizaciones de víctimas de estos delitos.
Lo anterior, en corresponsabilidad con los órganos y entes del poder público competentes en la protección y defensa de los derechos humanos.
De la trata de personas, se pretende sancionar toda acción u omisión dolosa para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de esclavitud, servidumbre, prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, explotación laboral, trabajo o servicios forzados, mendicidad forzada, actividades delictivas, adopción ilegal, matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y experimentación biomédica ilícita en seres humanos.
Asimismo, como brindar protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos, de conformidad con la Ley General.
La otra iniciativa que se encuentra al interior de la Comisión de Derechos Humanos es la presentada por el diputado José Eleazar Aparicio Tercero, para la creación de la Ley para Prevenir, Investigar y Reparar la Tortura para el Estado.
De acuerdo con la exposición de motivos de esta iniciativa, se señala que la práctica de la tortura persiste tanto en el país como en la entidad federativa y representa un lastre para la modernización de los sistemas de justicia y seguridad pública, que hoy pasan por un profundo proceso de reforma hacia el modelo acusatorio adversarial.
La tortura ha sido considerada, de manera unánime, como una violación grave a los derechos de las personas y, como tal, se encuentra absolutamente prohibida en el derecho internacional y nacional.
