Exfuncionarios de Pemex, SAT y Presidencia operan red de petróleo venezolano

Morelia, Michoacán, 15 de enero de 2026.- Exfuncionarios del área energética del gobierno federal, de aduanas e incluso de la Oficina de la Presidencia de la República, aparecen conectados a la estructura financiera de Joaquín Leal Jiménez, operador de la red de reventa de petróleo venezolano creada para evadir sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a la administración de Nicolás Maduro. 

La conexión de estos antiguos ejecutivos de la burocracia federal se estableció a través de su participación accionaria en empresas directamente implicadas en las operaciones de reventa de producción de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en 30 países, con valor estimado en 300 millones de dólares.

En dichas ramificaciones financieras están la exadministradora y directora de Enlace de la Oficina de la Presidencia de la República, bajo la gestión de Felipe Calderón, Azereth Sandate Kuri, accionista y gerente jurídica de Schlager Business Group  (SBG); y Karen Isabel Vergara Olvera, exfuncionaria de aduanas en del Sistema de Administración Tributaria (SAT), copropietaria, de Libre Abordo, de acuerdo con una investigación de EMEEQUIS.

Schlager Business Group (SBG) y Libre Abordo son dos de las empresas que en julio de 2019 suscribieron un acuerdo con Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), institución del gobierno de Nicolás Maduro, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos e investigaciones del FBI.

El acuerdo se presentó como un intercambio humanitario: México suministraría 210,000 toneladas de maíz y 1,000 camiones cisterna para agua potable, a cambio de aproximadamente de 2 millones de barriles de petróleo crudo de PDVSA. El esquema evolucionó rápidamente hacia una operación de reventa de petróleo para evadir sanciones estadounidenses.

De acuerdo con las investigaciones de autoridades de los Estados Unidos, Joaquín Leal representó los intereses de ambas empresas. Y según una investigación común del diario El País México y el sitio Armando. Info, Leal Jiménez y las razones sociales señaladas recibieron el visto bueno del subsecretario para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes Zúñiga, integrante del equipo de Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y actual secretario de Economía.

SBG, DE CONSULTORA A REVENDEDORA

La protocolización de Schlager Business Group (SBG) fue registrada el 15 de noviembre de 2016 ante la Notaría N° 41 de la Ciudad de México, y declaró su domicilio social en Tlalnepantla, Estado de México.

De acuerdo con el acta notarial respectiva,  consultada por EMEEQUIS, la empresa se proponía “proporcionar todo tipo de servicios de personal especializado, dentro de los que destacan, (…) servicios profesionales y técnicos de asesoría, gestoría, auditoría y asistencia a toda clase de personas físicas o morales en materia jurídica, política, electoral, inmobiliaria, turística, técnica, administrativa, contable, fiscal, pericial, logística, comercial o de mercadotecnia, industrial, financiera, económica, de informática, computación, diseño web y procesamiento electrónico de datos, de supervisión, organización o investigación, capacitación y adiestramiento, estudios de mercado, publicidad, diseño, serigrafía y artes gráficas, ingeniería, arquitectura, seguridad, de tesorería, recursos humanos, coaching y, en general, de cualquier clase de servicios relacionados con las actividades operativas, administrativas, industriales o comerciales de personas físicas o morales, ya sean empresas, fundaciones, sociedades o asociaciones, gobiernos o dependencias gubernamentales”.

También, “proporcionar todo tipo de servicios legales en cualquier rama del Derecho, desde la asesoría, consultoría y gestoría, hasta el patrocinio y representación ante toda clase de autoridades y tribunales de cualquier fuero”, entre otros giros semejantes.

La estructura accionaria quedó formada por Azereth Sandate Kuri, Karen Sally Espinosa Guerrero, Georgina Cristina Gasca Alanís, Ana Alicia González Hernández, y Jorge Alberto Hernández Zamora. Se nombró como gerentes generales a Espinosa Guerrero y a Miguel Ángel Limón González.

Se nombraron nueve gerentes jurídicos, la primera, Azereth Sandate Kuri, María de Jesús Santa Arias, Karen Sally Espinosa Guerrero,  Jorge Alberto Hernández Zamora, Georgina Cristina Gasca Alanís, Ana Alicia González Hernández, Ciro Orlando Cabrera Alvarado, Rosalba Hernández Delgado, y José Luis Gutiérrez Sifuentes,

Rodolfo Bermudez Bernal, Luis Fernando Hernández Díaz  y Griselda Hernández Delgado fueron designados gerentes administrativos. Como comisaria de la Sociedad se nombró a Karen Vianey Piña González.

De los accionistas y directivos fundadores de la empresa, destaca Azereth Sandate Kuri, quien, de acuerdo con su perfil de Linkedin, fue Directora General Adjunta de Administración y Directora de Enlace de la oficina presidencial de 2007 a 2010, es decir cuando dicha unidad burocrática fue conducida, primero, por Juan Camilo Mouriño, y a partir de 2008, por Patricia Flores Elizondo ―actual diputada de Movimiento Ciudadano―, bajo la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

Sandate Kuri también fue Secretaria Particular y Secretaria Técnica del Órgano Interno de Control de Petróleos Mexicanos, de 2011 a 2013. De ahí pasó al sector privado, donde se desempeñó como directora jurídica de la consultora Grupo Acces.

En mayo de 2019 se nombró gerente general de SBG a Verónica Esparza García, junto con su hija, Olga María Zepeda Esparza, son señaladas como intermediarias del acuerdo de esta empresa con la dependencia del gobierno venezolano, Corpovex.

Un hecho digno de atención es que en la misma acta se consigna un acuerdo de liquidación, e incluso un depósito de liquidación, que no se detalla. No obstante, los registros que aparecen en la versión no incluyen una disolución efectiva de la sociedad y el Folio Mercantil aparece activo.

LIBRE ABORDO, CON LA OTRA OPERADORA EN LA ESTRUCTURA

El 10 de agosto de 2010, ante la fe del notario Gabriel Benjamín Soto, del entonces Distrito Federal, fue protocolizada la fundación de Libre Abordo. La empresa se proponía:

“comprar, vender, adquirir, distribuir, importar, exportar, fabricar, comercializar y en general, negociar con toda clase de productos, agrícolas, industriales, insumos, materias primas, productos terminados y comerciales en general, por cuenta propia o ajena, en la república mexicana o en el extranjero. b) proporcionar toda clase de servicios administrativos, de estudios de mercado, de asesoría en materia de comercio exterior, inscripción de patrones de importadores generales y específicos, de tráfico de mercancías, de comunicación, de supervisión en controles de calidad publicitarios y promocionales, a empresas en la república mexicana o en el extranjero. c) realizar investigaciones de mercado, campañas publicitarias y promocionales. d) consolidar la oferta de todo tipo de productos agrícolas, industriales, insumos, materias primas, productos terminados y comerciales en general, para su comercialización en la república mexicana o en el extranjero, así como efectuar operaciones nacionales e internacionales de trueque e intercambio compensado de mercancías”.

Se consignó como accionistas, copropietarios por mitades, a Karen Isabel Vergara Olvera, y a Pedro Trejo Vargas.

Pedro Trejo Vargas es un abogado fiscalista de origen tamaulipeco. Es socio director de la consultora en logística Encor. En la administración pública, fue coordinador de Asesores del Administrador General de Aduanas (2000-2006); Administrador de Enlace con Entidades Federativas, Administrador de Regulación del Despacho Aduanero, Administrador Encargado de la Aduana de Salina Cruz, en la Administración General de Aduanas (1999-2006) y Miembro del Consejo Consultivo de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales (UPCI) de la Secretaría de Economía. Fue Jefe de Departamento en la Administración Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal, SAT (1996-1999).

Karen Isabel Vergara, originaria de Mazatlán, Sinaloa, fue funcionaria federal en las áreas de Auditoría de Comercio Exterior y Aduanas del SAT, de acuerdo con un perfil del Instituto de Estudios de Postgrado de Comercio Internacional, donde es docente. No se especifican fechas.

También se desempeñó como funcionaria “en el área social” del Instituto Sonorense de la Mujer. Dirigió  Comercializadora de Petrolíferos, donde era socia y es fundadora de Kabale Unidad de Inspección y de JDK Importadora y Gestor.

Su perfil de Linkedin no es tan vago, pero es más escueto.

El Órgano de Vigilancia de Libre Abordo quedó a cargo de Griselda Straffon Arroyo, y como apoderados se designaron a Luz María Fraga Díaz Barriga y José Manuel Vargas Díaz Menchaca.

Conforme a las actas de la empresas que aparecen en la versión electrónica del Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), no hubo demasiados movimientos. En 2016 fue nombrado administrador único de las empresas Erasmo Caloca Aldrete.

Caloca fue sustituido el 16 de agosto de 2019, cuando fue designada como administradora única de libre Abordo, Olga María Zepeda Esparza, por las mismas fecjas en que su madre, Verónica  Esparza García, se desempeñaba como gerente general de SBG.

En junio de 2020, el Tesoro estadounidense sancionó a Libre Abordo, SBG, Joaquín Leal, Zepeda y Esparza por operar en el sector petrolero venezolano y asistir a PDVSA en la evasión de sanciones impuestas desde enero de 2019.

Según una investigación conjunta del diario El País México y el sitio Armando. Info, Leal y las razones sociales mencionadas recibieron el respaldo del subsecretario para América Latina y El Caribe, Maximiliano Reyes, “número dos de la Cancillería mexicana”. El reportaje menciona que “Leal y Reyes se reunieron al menos dos veces en dos restaurantes de Ciudad de México antes de que se cerrase el acuerdo entre la empresa Libre Abordo y Corpovex”.

(CON INFORMACIÓN DE: EME EQIS)