Productores de maíz desconocen acuerdos presentados por Berdegué ante el gobierno

Ciudad de México, 31 de octubre de 2025.- Productores de maíz que encabezaron las negociaciones con el Gobierno Federal para establecer un mejor precio de garantía por tonelada del grano denunciaron cambios entre lo que acordaron la madrugada del miércoles 29 de octubre y lo declarado hoy en La Mañanera por el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Julio Berdegué Sacristán.

El productor de maíz en Jalisco, Pavel Guerrero, manifestó su desacuerdo con la información difundida por la dependencia federal. Explicó que, durante la negociación sostenida desde el día anterior con autoridades federales, nunca se acordó limitar las toneladas por productor ni se habló de un volumen máximo para la región de El Bajío.

Afirmó que la petición de los agricultores fue que el Gobierno Federal comprara toda la cosecha de Jalisco, así como la de los estados de Guanajuato y Michoacán. Además, desmintió las declaraciones del secretario Julio Berdegué, quien aseguró que se acordó un tope de 1.4 millones de toneladas para El Bajío y un límite de 200 toneladas por productor, calificándolo como «una total mentira».

“No estamos de acuerdo con lo que se publicó en la mañana del día de hoy. En la negociación del día de ayer no se limitaron las toneladas por productor. No se mencionó nada de eso y el volumen que se pidió fue toda la cosecha del estado de Jalisco. Hablando de nosotros, igual en el estado de Guanajuato y de Michoacán. Entonces, señores, eso que está diciendo el secretario Julio Berdegué de hasta un millón cuatrocientas mil toneladas para El Bajío es una total mentira. También de la limitación de hasta doscientas toneladas por productor es una total mentira”, expresó el productor jalisciense.

Cabe destacar que los acuerdos alcanzados la madrugada de este miércoles entre el Gobierno Federal y los productores de maíz, tras varios días de bloqueos carreteros, quedaron plasmados en una minuta.

El pacto fue mediado por la SADER y se centró en un paquete de apoyos y medidas de mercado, aunque no se fijó un precio de garantía, lo que generó insatisfacción entre los agricultores.

En la minuta se estableció un apoyo de 950 pesos por tonelada (800 federales y 150 estatales) para pequeños y medianos productores de El Bajío (Jalisco, Michoacán, Guanajuato) y otros estados de la región.

El apoyo anunciado por el Gobierno Federal está dirigido a aproximadamente 90 mil productores de El Bajío. Algunos reportes indican que se aplicará a un volumen total de un millón 410 mil toneladas de maíz para los agricultores de la región. Sin embargo, los campesinos que participaron en las negociaciones denunciaron que este límite fue añadido posteriormente y es “una total mentira”.

El pacto incluye la creación del Sistema de Comercialización de Maíz (SIMMCOM), diseñado para establecer precios de referencia previos a la siembra, fomentar acuerdos directos de comercialización entre productores y compradores, y garantizar reglas y políticas públicas en el mercado.

A pesar de los acuerdos, la principal discrepancia es que el Gobierno Federal no accedió a fijar el precio de garantía de 7 mil 200 pesos por tonelada exigido por los agricultores. El precio final estimado al productor se ubica en 6 mil 150 pesos por tonelada (5 mil 200 pesos base ofrecidos por la industria más 950 pesos de apoyo federal y estatal), cifra que los campesinos consideran insuficiente para cubrir sus gastos de producción.

El titular de la SADER, Julio Berdegué Sacristán, declaró que “los productores no quieren que fijemos un precio” porque confían en que las mesas de conversación que se instalarán les permitan “empujar un poquito el precio” con los compradores.

Por su parte, los líderes agrarios criticaron que el precio base de 5 mil 200 pesos quede “libre” y sujeto a los vaivenes del mercado internacional, como el valor del dólar y las cotizaciones en la Bolsa de Chicago, lo que genera gran incertidumbre para los productores.

Como parte de la minuta, los líderes de las movilizaciones se comprometieron a liberar totalmente los bloqueos carreteros que colapsaron importantes vías en la región de El Bajío, mientras que el Gobierno Federal se comprometió al cumplimiento íntegro de lo acordado.

Los productores que encabezaron las protestas declararon insatisfacción con los resultados, tras 36 horas de bloqueos en al menos diez estados, principalmente en Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Calificaron lo pactado como “limitado” y “precario”, advirtiendo de un posible abandono del campo que podría derivar en una disminución de la producción, venta de tierras y migración.

El acuerdo establece un precio total de 6 mil 150 pesos por tonelada de maíz, compuesto por un precio base de 5 mil 200 pesos más el apoyo gubernamental de 950 pesos. No obstante, los productores reiteraron que el precio fijo que buscaban no se concretó, quedando este valor sujeto a las fluctuaciones del dólar y la Bolsa de Chicago.

“En esta enfermedad que tiene el campo mexicano, de todo lo que nos está pasando, le pusieron un curita a la herida nada más; no curaron la herida del campo”, declaró Armando Ramírez, integrante de Maiceros y Campesinos Unidos de la Zona Ciénega de La Barca, Jalisco y Michoacán.

La desconfianza entre los agricultores es alta: señalan que los apoyos gubernamentales «rara vez llegan» o resultan insuficientes, además de que los trámites para acceder a ellos son engorrosos.

La principal crítica de los productores se centra en la falta de intervención del gobierno para regular la fijación de precios, lo que permite que los grandes empresarios dicten las condiciones del mercado.

Jesús Díaz, integrante de Campesinos Unidos de la Ciénega, lamentó que el gobierno se haya «sujetado más a lo que ellos (los empresarios) decidan», lo que, a su parecer, evidencia una posible colusión entre autoridades y grandes corporaciones. Aseguró que la falta de regulación y de almacenamiento obliga a los campesinos a malvender su producto.

Los productores atribuyen la crisis del campo a décadas de abandono gubernamental, recordando la desaparición de programas como el Ingreso Objetivo de ASERCA y la reducción de apoyos como Procampo. Argumentan que al gobierno le resulta más barato importar maíz que apoyar la producción nacional.

Los campesinos anticipan un futuro desalentador para el sector agropecuario:

• Disminución en la siembra de maíz y otros cultivos, buscando una escasez que eleve los precios.
• Venta de tierras e implementos agrícolas.
• Migración de agricultores hacia Estados Unidos u otras ciudades.
• Dependencia de créditos con altos intereses.

“El futuro es que muchos tendrán que vender implementos que con muchos sacrificios compraron”, sentenció Jesús Díaz.

Por su parte, Selene Pantoja, agricultora de La Barca, destacó la inviabilidad actual del trabajo en el campo, señalando que incluso con rendimientos de 10 toneladas por hectárea, el precio vigente no cubre los gastos de producción, llevándolos a «trabajar para perder».

Además, los apoyos por desastres naturales, como los 2 mil pesos por hectárea inundada (frente a inversiones de hasta 55 mil pesos), fueron tachados de «burla».

Finalmente, los agricultores advirtieron que la protesta podría reactivarse a nivel nacional si el gobierno no cumple con la minuta firmada o si las condiciones del campo no mejoran. Pidieron a la sociedad comprender que el campo es fundamental para la alimentación del país.

(CON INFORMACIÓN DE: PROCESO)