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Sector inmobiliario de Querétaro creará un buró de arrendamiento

El Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios también impulsará una estandarización de criterios para que las empresa que generan pólizas jurídicas cumplan con aspectos indispensables

Querétaro, Querétaro, 10 de octubre de 2024.- El sector inmobiliario en la entidad proyecta la creación de un Buró General de Investigaciones de Arrendamiento que funja como un filtro para dar certeza a los contratos de alquiler.

La iniciativa, que nace del Consejo Estatal de Profesionales Inmobiliarios de Querétaro (Cepiq), prevé crear una base de datos de arrendatarios y arrendadores. Es una estrategia pionera en el país que surge ante el crecimiento poblacional que está experimentado la entidad y que se traduce en una mayor demanda de rentas, explicó la impulsora del buró e integrante de Cepiq, Guadalupe Zarazúa.

 “La intención (…) es precisamente generar un registro de los inquilinos que llegan a Querétaro, que son investigados por medio de las pólizas jurídicas de arrendamiento, en Querétaro y en ningún lugar del país se cuenta con una base de datos donde se pueda consultar el resultado de esas investigaciones”, explicó.

Cada día, agregó, llegan a Querétaro 120 nuevos habitantes, la mayoría busca alquilar una vivienda; no obstante, se prevé que esta medida incluya el arrendamiento de todo tipo de inmuebles: habitacionales, comerciales e industriales.

 “Se está buscando ser un filtro para garantizar a los propietarios de todo tipo de inmuebles que tengan una tranquilidad al momento de iniciar el arrendamiento con algún inquilino. (…) Creemos que puede ser punta de lanza a nivel nacional, porque no hay en el país ningún registro de consulta de este tipo de información”, expuso.

Como parte de esta iniciativa, el consejo también impulsará una estandarización de criterios para que las empresa que generan pólizas jurídicas cumplan con aspectos indispensables: que cuenten con abogados con cédula profesional, que tengan una oficina, entre otros; en ese sentido, se les invitó a participar en los trabajo para crear esta estructura.

En la actualidad, la póliza jurídica representa un primer filtro para los propietarios de los inmuebles, debido a que de este documento -explicó- se desprende una investigación que, con base en los resultados, permite aprobar la garantía para firmar el contrato de arrendamiento.

A través de este proyecto pretenden brindar seguridad a las transacciones inmobiliarias que se realizan en la entidad. También se buscará generar una alianza con el gobierno estatal y con la Fiscalía General del Estado (FGE).

 “El proyecto es ambicioso, pero creemos que puede fortalecer mucho la seguridad en el arrendamiento en el estado y, por qué no, en un futuro poder tener alguna alianza con el gobierno del estado donde también la autoridad pueda consultar esta información, para lo que se necesite. La verdadera intención es precisamente dar esa tranquilidad a los propietarios, a los inversionistas que rentan sus inmuebles y que tengan esta disminución de riesgos al momento de dar en alquiler sus inmuebles”, apuntó.

La iniciativa está en desarrollo y se prevé que a principios del 2025 esté en funcionamiento para realizar las primeras consultas al buró, las cuales podrán realizar las pólizas jurídicas certificadas por el Cepiq.

Esta propuesta surge en un entorno en el que el consejo ha detectado casos de arrendamientos donde se aporta información falsa o se utilizan los inmuebles para actividades ilícitas.

Detectan 15 casos de extinción de dominio

Uno de los riesgos de no contar con estos filtros es que incluso el propietario podría perder su predio; a través del centro de mediación de Cepiq este año se han reportado 15 casos que derivaron en la extinción de dominio de un inmueble donde se realizaban actividades ilícitas, explicó el presidente del Cepiq, Daniel Cárdenas Vieira.

 “La otra situación muy puntual es que tenemos asuntos de extinción de dominio en el estado, donde eventualmente se ha presentado algún delito de naturaleza penal, (…) si no se cuenta con toda la documentación y con todo el respaldo sí corre el riesgo el propietario de perder su inmueble porque no acredita la buena fe”, explicó.

El principal ilícito que se identificó es el robo de autotransporte, pues se han detectado bodegas donde almacenaban vehículos con reporte de robo e incluso con mercancía robada.

Algunos de estos casos, ahondó, siguen todavía en la FGE, otros ya fueron liberados y otros más fueron direccionados a la unidad especializada en Ciudad de México. La mayoría han ocurrido en la zona conurbada de los municipios de Querétaro, Corregidora y El Marqués. (CON INFORMACIÓN DE: EL ECONOMISTA)

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