Víctimas del Tren Interoceánico denuncian penalmente a constructoras y funcionarios
La representación legal pidió que no se les viera como un obstáculo, sino como una herramienta para fortalecer los intereses de las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico
Morelia, Michoacán, 05 de enero de 2026.- Víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para denunciar la presunta comisión de abuso de autoridad y lesiones en contra de diversos funcionarios públicos y constructoras.
Se trata de Juan Manuel Iglesias López, Flor del Carmen Temich Cinta y Alexis Iglesias Temich, quienes viajaban en el tren de la ruta Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que descarriló el pasado domingo 28 de diciembre de 2025 y que cobró la vida de 14 personas.
El abogado Adrián Arellano informó que este proceso es independiente de las indemnizaciones gubernamentales y tiene como fin último la reparación integral del daño de las víctimas. Además, aclaró que los litigantes no buscan beneficios personales, sino colaborar con las autoridades para investigar a los responsables del incidente.
Empresas constructoras del Tren Interoceánico bajo la lupa
La representación legal basó parte de su narrativa en informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de 2019, donde se identifican a diversas empresas contratistas que podrían tener responsabilidad en las omisiones que llevaron al incidente. Entre las compañías mencionadas destacan:
- COMSA Infraestructura
- Grupo Constructor Diamante
- Daniferrotools.
Señalaron que estas empresas son las que aparecen en los registros públicos, pero no descartan que existan más responsables conforme se avance en el análisis de los documentos y la carpeta de investigación iniciada ante la FGR, en la cual buscan participar activamente.
Un proceso de investigación exhaustivo
El equipo legal enfatizó que el esclarecimiento de los hechos no será inmediato. Se requiere de un peritaje realizado por especialistas para determinar la causa exacta del descarrilamiento y evaluar cómo las lesiones impactarán el proyecto de vida de los afectados.
Asimismo, Arellano aclaró que, hasta el momento, no se tiene conocimiento de la implicación de secretarías específicas o montos exactos de reparación, ya que estos datos surgirán de la coadyuvancia con la Fiscalía.
Al ser cuestionado sobre la posible participación de empresas vinculadas a familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el representante legal manifestó que desconocen dicha información y que se limitan a trabajar con datos públicos y los informes de la auditoría para que la autoridad ministerial determine las líneas de acción correspondientes.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades para que no vean esta representación legal como un obstáculo, sino como una herramienta para fortalecer los intereses de las víctimas y asegurar que se haga justicia de manera transparente.
Por este motivo, los delitos que se advierten inicialmente en este caso son lesiones, abuso de autoridad y ejercicio abusivo de funciones, aunque aseguraron que la determinación final dependerá de las líneas de investigación de la FGR.
(CON INFORMACIÓN DE: ANIMAL POLÍTICO)
