CEDH y TAAM firman convenio para fortalecer la ética en el servicio público
El organismo autónomo y el TAAM establecen una agenda de capacitación mutua para erradicar arbitrariedades y garantizar la dignidad humana
Morelia, Michoacán, 21 de enero de 2026.- Al firmar un convenio de colaboración con el Tribunal en Materia Anticorrupción y Administrativa del Estado de Michoacán (TAAM), el ombudsperson Josué Mejía resaltó que los Derechos Humanos deben ser el eje rector del comportamiento, la ética y la moralidad de los servidores públicos. El titular de la CEDH señaló que la nueva visión del organismo es fortalecer la cercanía con las instituciones para implementar una cultura de respeto a la dignidad humana en todas las dependencias.
Por su parte, la magistrada presidenta del TAAM, Lizzett Puebla Solórzano, aludió al papel fundamental del Tribunal en la resolución de conflictos jurídicos entre la ciudadanía y la administración pública. Subrayó que las resoluciones del cuerpo colegiado deben estar apegadas a derecho y anunció un compromiso para capacitar a los servidores públicos del organismo autónomo en materia de responsabilidades administrativas.
En su turno, la diputada Xóchitl Gabriela Ruíz, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, calificó la firma de este instrumento jurídico como una decisión clara para consolidar un estado de derecho más sólido en Michoacán. Afirmó que una administración profesional y transparente es condición indispensable para prevenir abusos de poder y generar confianza en la sociedad.
La secretaria ejecutiva de la CEDH, Maricela Núñez Alcaraz, responsable de dar seguimiento al acuerdo, informó que se desarrollará un programa de educación recíproca. El organismo autónomo aportará la perspectiva de Derechos Humanos en la impartición de justicia, mientras que el TAAM instruirá sobre las obligaciones legales de quienes ejercen la función pública.
A la ceremonia asistieron las magistradas Swany Peña Reyes, Azucena Marín Correa, los magistrados Sergio Alberto Martínez Ocampo, Humberto Urquiza Martínez en representación de la Secretaría de Gobierno, y la jueza Araceli Pineda Salazar, quienes atestiguaron este paso hacia una gestión pública más justa e incluyente.
