Presenta Hugo Rangel iniciativa para regular el transporte masivo y por cable en Michoacán

Morelia, Michoacán, 08 de julio de 2026.- Con el firme propósito de subsanar el vacío jurídico existente en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, el diputado local Hugo Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa de reforma para incorporar a la legislación vigente la regulación estricta de los sistemas de transporte masivo, semimasivo y por cable.

La propuesta legislativa dota de certeza jurídica a la operación de proyectos de gran envergadura como el Morebús y los sistemas de teleféricos, mediante el establecimiento de reglas claras para su administración, contratación, operación, mantenimiento y supervisión técnica; atendiendo con ello una realidad urbana que no estaba contemplada cuando la ley en la materia fue expedida en 2023.

“No podemos construir infraestructura del siglo XXI con leyes pensadas para un sistema de transporte que ya cambió. La modernización de la movilidad exige instituciones y reglas capaces de responder a esa nueva realidad”, afirmó el legislador en la máxima tribuna del estado.

Hugo Rangel señaló que esta reforma responde directamente a las transformaciones urbanas que vive Michoacán, reconociendo a la movilidad como un derecho fundamental estrechamente vinculado al derecho a la ciudad. Asimismo, la propuesta incorpora formalmente el Sistema Integrado de Transporte, definiendo sus principios, mecanismos de integración operativa y tarifaria, así como las responsabilidades de las autoridades y prestadores de servicio.

Seguridad operativa y severas sanciones

Uno de los ejes centrales de la reforma presentada por el congresista es el fortalecimiento de la seguridad operativa de estos sistemas de traslado masivo. Para ello, se vuelve obligatorio contar con protocolos de emergencia, manuales de operación estandarizados, certificaciones técnicas periódicas y personal debidamente capacitado en los centros de control y monitoreo en tiempo real.

Además, incorpora un estricto régimen de sanciones administrativas encaminadas a inhibir conductas de riesgo. El marco prevé multas de hasta 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), suspensión inmediata de funciones para operadores negligentes y penalizaciones severas para aquellos automovilistas particulares que invadan los carriles confinados de estos sistemas.

Infraestructura protegida y no privatizada

Finalmente, la propuesta de Hugo Rangel establece un candado legal para garantizar que toda la infraestructura de movilidad masiva financiada con recursos públicos permanezca de forma irrenunciable como patrimonio del Estado.

Con esto se limita la participación de empresas particulares exclusivamente a esquemas regulados de prestación de servicios y administración operativa, erradicando cualquier intento de privatización de los activos estratégicos. Al concluir cualquier contrato o concesión, los bienes deberán incorporarse de manera automática al dominio estatal libres de todo gravamen.