Crisis de transparencia; la deuda pendiente de los presupuestos directos
Persiste opacidad en los autogobiernos indígenas, deja ver el presidente del Congreso de Michoacán; sólo 5 de 48 consejos comunales rinden cuentas
Morelia, Michoacán, 08 de abril de 2026.- Mientras el discurso oficial del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla celebra la autonomía financiera de los pueblos originarios, la realidad de la fiscalización en Michoacán revela una brecha alarmante.
Pese a que 48 comunidades indígenas ejercen actualmente presupuestos directos, únicamente 5 de sus consejos comunales cumplieron con la entrega de la Cuenta Pública 2025, dejando en la opacidad el destino de recursos públicos que pertenecen a todos los michoacanos.
Esto, de acuerdo con información proporcionada por el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y presidente de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).
El contraste es drástico: Mientras los 113 gobiernos municipales del estado (incluyendo al Consejo Comunal de Gobierno de Cherán) alcanzaron un cumplimiento del 100%, los autogobiernos indígenas apenas rondan el 10% de efectividad en materia de transparencia.
Privilegios sin rendición de cuentas
El reporte legislativo detalla que sólo las comunidades de Tarecuato, San Benito Palermo (Sevina), Santa Cruz Tanaco, Quinceo y Arantepacua se sometieron al escrutinio legal.
Las otras 43 comunidades que manejan dinero público de manera directa parecen operar fuera del radar de la fiscalización estatal, escudándose en una autonomía que, en la práctica, se está traduciendo en falta de transparencia.
Este escenario pone en entredicho la viabilidad del modelo de autogobierno tal como está planteado actualmente.
La Ley Orgánica Municipal es clara al otorgar el derecho a la administración directa, pero también establece obligaciones de fiscalización que están siendo sistemáticamente ignoradas por la gran mayoría de los consejos.
Llamado a la legalidad
Aunque el diputado Gaona García calificó la participación de estas cinco comunidades como un «avance», también lanzó un exhorto urgente a las 43 conunidades restantes que permanece en la sombra.
“Es fundamental que todas las formas de gobierno, sin excepción, cumplan con la rendición de cuentas”, señaló el legislador, subrayando que la confianza ciudadana depende de garantizar el uso adecuado de los fondos.
La omisión de los 43 consejos comunales restantes no sólo representa un desafío a las instituciones de auditoría, sino que deja vulnerables a los propios habitantes de dichas comunidades, quienes no cuentan con mecanismos oficiales claros para verificar en qué se gasta el presupuesto que llega a sus tenencias.
A medida que más comunidades buscan transitar hacia este esquema administrativo, la pregunta queda en el aire: ¿Se seguirá permitiendo la entrega de recursos sin la garantía mínima de transparencia, o se aplicará finalmente la ley para que la autonomía no sea sinónimo de opacidad?
