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Michoacán: El estado con mayor percepción de corrupción en todo México

Mientras el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla mantiene el discurso de la "honestidad" de la 4T, el INEGI revelan que casi 9 de cada 10 ciudadanos reportan prácticas corruptas en la entidad

Morelia, Michoacán, 27 de mayo de 2026.- La narrativa oficial del combate a la corrupción en Michoacán ha chocado de frente con la realidad estadística. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG 2025), publicada por el INEGI, Michoacán de Ocampo se ha consolidado como el estado con la mayor percepción de corrupción en todo el país, alcanzando un alarmante 89.4%.

El deshonroso primer lugar nacional coloca a la entidad gobernada por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla por encima de demarcaciones históricamente complejas como Baja California (89.3%) y la Ciudad de México (88.9%), y dibuja un panorama de desconfianza generalizada que contradice el eje central de las promesas de la llamada «Cuarta Transformación».

La brecha entre el discurso y la ventanilla pública

A nivel nacional, el promedio de ciudadanos que consideran «frecuentes o muy frecuentes» los actos de corrupción se ubicó en un ya elevado 84.1%.

Sin embargo, Michoacán supera la media nacional por 5.3 puntos porcentuales, situándose en el extremo opuesto de estados como Querétaro (67.0%) y Yucatán (73.2%), donde la ciudadanía percibe un ambiente institucional considerablemente más limpio.

Para la administración de Ramírez Bedolla, estos datos representan un duro golpe a la legitimidad de su gestión.

El mandatario estatal ha insistido de manera reiterada en que la llegada de su partido al poder significó el fin de las viejas prácticas del pasado; no obstante, en la vida cotidiana del ciudadano —al tramitar un permiso, solicitar un servicio o interactuar con las autoridades— la percepción de opacidad y el soborno siguen siendo la regla y no la excepción.

Una crisis que va más allá de la burocracia

Especialistas en políticas públicas señalan que un índice de percepción del 89.4% no puede explicarse únicamente por la ineficiencia de las ventanillas gubernamentales.

En una entidad que atraviesa severas crisis de gobernabilidad, extorsión y presencia del crimen organizado, la percepción de corrupción está íntimamente ligada a la impunidad en las corporaciones de seguridad y procuración de justicia.

Dato clave: Prácticamente 9 de cada 10 michoacanos adultos consideran que la corrupción es una constante en las instituciones que deberían garantizar el orden y el desarrollo del estado.

La falta de resultados tangibles por parte de la Secretaría de la Contraloría del Estado y la evidente laxitud en la fiscalización interna sugieren que los mecanismos de control no están funcionando, o bien, carecen de la voluntad política para sancionar a los funcionarios implicados.

El costo político para Morena hacia el cierre de gestión

Con la mirada puesta en los próximos procesos electorales, este indicador del INEGI se convierte en un fuerte pasivo político para Morena en Michoacán.

El argumento de que «las cosas están cambiando» pierde fuerza cuando las propias herramientas de medición del Estado mexicano demuestran que el estado ha tocado fondo en materia de transparencia.

El reto para los meses restantes de la administración de Ramírez Bedolla ya no será discursivo, sino de supervivencia institucional: o se implementa una reforma profunda y real de simplificación y depuración burocrática, o su administración pasará a la historia como el periodo donde la corrupción se arraigó con más fuerza en el ánimo de los michoacanos.

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