Opacidad y «fast-track»: El remate del patrimonio michoacano bajo la sombra del Ejecutivo
Oposición denuncia falta de transparencia, ausencia de avalúos y opacidad en compradores de activos
Morelia, Michoacán, 05 de marzo de 2026.- En un movimiento que evoca las viejas prácticas de la política cupular, la 76 Legislatura del Congreso del Estado —dominada por la alianza oficialista— consumó este jueves la desincorporación de 38 inmuebles del patrimonio estatal. La iniciativa, enviada con carácter de urgente por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ha encendido las alarmas por la falta de transparencia, el nulo debate público y la celeridad con la que se entregaron activos que pertenecen a todos los michoacanos.
El «Albazo» Legislativo
Sin un análisis profundo en comisiones y saltándose los tiempos de socialización que amerita la enajenación de bienes públicos, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados dio luz verde a la venta de predios e inmuebles bajo el argumento de «sanear finanzas» y «fomentar la inversión».
Sin embargo, la narrativa oficial choca con la realidad del proceso:
Falta de Avalúos Públicos: Hasta el momento de la votación, no existía claridad sobre el valor comercial real de las propiedades, lo que abre la puerta a posibles malbaratamientos.
Destino Incierto de los Recursos: Aunque se menciona el pago de deuda o inversión en infraestructura, las reglas de operación para el manejo de ese dinero permanecen en una ambigüedad técnica preocupante.
Premura Inexplicable: La urgencia con la que se procesó la iniciativa sugiere un interés por evitar el escrutinio de la sociedad civil y organismos de fiscalización.
Crítica a la Incongruencia Política
Resulta paradójico que un gobierno que llegó al poder bajo la bandera de la «Cuarta Transformación» y la austeridad republicana, recurra a la venta de activos estatales como salida fácil a problemas estructurales de liquidez. Lo que en el pasado era calificado por el hoy partido en el poder como «saqueo del patrimonio», hoy se presenta bajo el eufemismo de «optimización de activos».
»Estamos ante un cheque en blanco. No se nos informó con precisión qué inmuebles tienen problemas legales ni quiénes son los posibles compradores interesados. Es un remate a ciegas«, señalaron voces de la oposición que, aunque minoritarias, denunciaron el atropello al proceso legislativo.
Un Patrimonio en Riesgo
Entre los 38 inmuebles se encuentran terrenos con alto valor estratégico y comercial. La desincorporación no es solo un trámite administrativo; es la pérdida irreversible de espacios que podrían servir para proyectos de utilidad pública, áreas verdes o reservas territoriales. Al venderlos, el Estado pierde soberanía sobre su propio territorio en favor de intereses privados que, dada la opacidad del proceso, permanecen en el anonimato.
La administración de Ramírez Bedolla y la 76 Legislatura quedan en deuda con la ciudadanía. La legitimidad de un gobierno no solo reside en los votos, sino en la claridad con la que administra lo que no le pertenece: el patrimonio de Michoacán. Mientras el estado celebra la aprobación, la duda persiste: ¿A quién beneficia realmente este remate de última hora?
