SCOP desacata amparos y retira estructuras publicitarias en Morelia

Morelia, Michoacán, 25 de mayo de 2026.- La madrugada de este sábado, el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), protagonizó un alarmante episodio de arbitrariedad que atenta de forma directa contra el Estado de derecho. Bajo el cobijo de la oscuridad, en un operativo iniciado a la 1:00 de la mañana, la dependencia estatal retiró 16 estructuras publicitarias en puentes peatonales de Morelia, violando flagrantemente suspensiones definitivas vigentes otorgadas por el Poder Judicial de la Federación.

El operativo, que se desplegó en puntos estratégicos de la capital como Las Américas, el Zoológico, el Ramal Camelinas y distintas zonas del Libramiento, no solo exhibe un uso desmedido de la fuerza pública, sino una preocupante insubordinación legal. Con grúas y equipo especializado, el personal de la SCOP, acompañado por elementos estatales y de Protección Civil, consumó un acto de despojo ignorando los mandatos de los jueces de amparo.

«Instrucciones superiores»: El escudo del abuso de autoridad

La gravedad del asunto escala cuando se constata la total ausencia de sustento jurídico en el actuar de las brigadas estatales. Al ser confrontados por representantes legales de la empresa afectada —quienes acudieron al sitio portando las resoluciones federales que prohibían expresamente cualquier acto de retiro—, los funcionarios en el lugar se negaron a identificarse y a mostrar una orden debidamente fundada y motivada.

La única respuesta de los operativos fue que actuaban por “instrucciones superiores”, una frase que en el argot político mexicano se ha convertido en sinónimo de impunidad y autoritarismo.

Con este proceder, el titular de la SCOP, Rogelio Zarazúa Sánchez, asume una responsabilidad legal y política mayúscula. Ejecutar un desmantelamiento sin órdenes judiciales válidas y en abierto desacato a una suspensión definitiva de amparo no es una simple acción administrativa; es una flagrante violación constitucional que vulnera las garantías de legalidad y certeza jurídica que todo gobierno está obligado a proteger.

Golpe económico en la ilegalidad

Más allá del conflicto jurídico, el actuar de la SCOP deja una estela de afectaciones millonarias directas. El retiro unilateral de las estructuras lesiona de manera severa a:

• La empresa concesionaria, cuyos derechos legítimos fueron pisoteados.
• Clientes y anunciantes, que ven interrumpidas sus campañas bajo esquemas contractuales.
• Trabajadores y proveedores, que dependen directamente de esta actividad económica en la región.

Destruir o confiscar infraestructura bajo el amparo de la noche refleja una alarmante falta de transparencia. Si el Gobierno del Estado considera que tiene la razón jurídica, ¿por qué actuar de madrugada? ¿Por qué negarse a exhibir documentos oficiales ante los afectados? La forma en que se ejecutó el operativo delata el conocimiento pleno de que se estaba violando una restricción federal.

Un precedente peligroso para Michoacán

El caso ya escaló a los tribunales. Los afectados han iniciado denuncias ante la Fiscalía y las instancias federales correspondientes, además de haber solicitado la intervención de la Guardia Nacional para constatar el atropello.

Este episodio fija un precedente sumamente peligroso para los ciudadanos y las empresas en Michoacán. Si una secretaría de Estado puede ignorar una orden del Poder Judicial de la Federación y operar bajo el libre arbitrio de la noche, ¿qué garantías de seguridad jurídica le quedan al ciudadano común?

La ley y el orden constitucional no pueden ser sustituidos por caprichos políticos ni madruguetes institucionales. El gobernador y el titular de la SCOP deben responder ante los jueces federales por este abierto desacato; de lo contrario, Michoacán confirmará que transita por la ruta de la ilegalidad gubernamental.