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Califica Fidel como «jurídicamente improcedentes» señalamientos contra Raúl Morón

Defensa de Raúl Morón califica como complot las solicitudes de comparecencia basadas en material audiovisual

​ Morelia, Michoacán, 18 de febrero de 2026.- El consejero estatal y congresista nacional de Morena, Fidel Calderón Torreblanca, emitió un pronunciamiento técnico-jurídico respecto a las recientes peticiones para que la Fiscalía General del Estado (FGE) cite a comparecer al senador Raúl Morón Orozco.

​El legislador sostuvo que las menciones realizadas en producciones audiovisuales por el ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, carecen de sustento probatorio suficiente para activar una diligencia del Ministerio Público contra los perfiles señalados.

​Puntos clave del pronunciamiento:

​Insuficiencia Probatoria: Calderón Torreblanca señaló que las acusaciones vertidas en videos de redes sociales no constituyen, por sí mismas, elementos de prueba que obliguen al Ministerio Público a realizar entrevistas o citatorios a los actores políticos aludidos.

​Principio de Equidad Procesal: El morenista argumentó que, de seguirse el criterio de citar a actores políticos basados en dichos materiales, la autoridad ministerial tendría que citar primero al actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, debido a que el contenido de dichas producciones se dirigió con mayor énfasis hacia el titular del Ejecutivo estatal.

​Crítica al Proceso: Calificó como un posible «complot» y una falta de imparcialidad el hecho de que se pretenda citar a Raúl Morón Orozco —a quien describió como el perfil con mayor aceptación popular— sin aplicar el mismo criterio para el resto de los mencionados en los videos de referencia.

​Contexto de la controversia

​Estas declaraciones surgen tras la solicitud de la presidenta municipal sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz García, para que el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, cite a Morón Orozco basándose en las acusaciones realizadas por Carlos Manzo.

Al respecto, Calderón Torreblanca instó a la autoridad ministerial a analizar y valorar el contenido de las fuentes de información abierta de manera objetiva, advirtiendo que actuar de forma selectiva evidenciaría un sesgo en la procuración de justicia.

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