Política

Grecia Quiroz denuncia persecución política tras actualización catastral

La presidenta municipal de Uruapan sostiene que los señalamientos en su contra responden a intereses electorales de cara a la renovación del gobierno estatal en Michoacán

Uruapan, Michoacán, 17 de febrero de 2026.- Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, denunció públicamente ser víctima de una campaña de persecución política orquestada por funcionarios de Morena. Según la mandataria, estos intentos de desprestigio contra su administración y el «Movimiento del Sombrero» derivan de un cálculo político ante el panorama electoral del estado.

En entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva, Quiroz afirmó que los recientes cuestionamientos hacia su gestión tienen como trasfondo el temor de sus adversarios a perder la hegemonía política en Michoacán. El punto central del conflicto es la reciente actualización catastral en el municipio. La alcaldesa explicó que esta medida fue aprobada por unanimidad en el Cabildo durante 2024, contando con el respaldo de regidores de diversas fuerzas políticas, incluyendo Morena, el Partido Verde, el PAN y su propio movimiento.

Quiroz puntualizó que la base gravable no se actualizaba desde 1991, por lo que el ajuste en el pago del predial refleja cambios reales en las propiedades, como la transición de lotes baldíos a edificaciones de varios niveles. «Es un tema que están queriendo tomar socialmente, metiendo cizaña para que la gente se vaya en contra del gobierno», señaló la funcionaria, al tiempo que aseguró que la medida cuenta con pleno respaldo jurídico.

Durante la declaración, la alcaldesa identificó a figuras específicas como responsables de lo que considera una estrategia de desestabilización. Entre ellos mencionó al diputado local Conrado Paz y a la legisladora morenista Giulianna Bugarini. Sobre Paz, Quiroz sugirió que su actuación responde a intereses particulares tras haberse distanciado del movimiento que representa. Finalmente, la edil reiteró que la actualización catastral se mantendrá vigente, defendiendo la legalidad del proceso administrativo frente a las acusaciones de índole política.

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