Obligarán a dependencias de Michoacán a contar con intérpretes de Lengua de Señas
El Congreso del Estado aprueba reforma para que los tres poderes, órganos autónomos y los 113 municipios garanticen la inclusión permanente de la comunidad sorda.
Morelia, Michoacán, 08 de julio de 2026.- Todas las dependencias del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los órganos autónomos, organismos descentralizados y los gobiernos municipales de Michoacán, deberán contar de forma permanente con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) o personal debidamente capacitado.
Lo anterior quedó establecido luego de que las y los diputados del Congreso del Estado votaron a favor del dictamen emitido por la Comisión de Derechos Humanos, basado en una iniciativa impulsada por la diputada Ana Vanessa Caratachea Sánchez. La reforma busca fortalecer el derecho de las personas con discapacidad auditiva a una comunicación accesible en su relación cotidiana con las instituciones del Estado.
En Sesión Extraordinaria, los legisladores michoacanos avalaron la adición del artículo 4 Ter a la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el Estado de Michoacán de Ocampo.
“Garantizar intérpretes o personal capacitado en LSM en las oficinas públicas es reconocer y respetar la identidad de la comunidad sorda y permitirle ejercer su ciudadanía en condiciones de equidad”, precisó la diputada Caratachea Sánchez.
Implementación progresiva y sin impacto presupuestal
La reforma estipula lineamientos claros para su cumplimiento en las oficinas, módulos y unidades de atención ciudadana:
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Zonas prioritarias: La implementación deberá ser progresiva, dándole prioridad a las áreas operativas que tengan mayor contacto y atención directa con el público.
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Eficiencia financiera: El análisis técnico determinó que la reforma no implica una carga presupuestal adicional. Su cumplimiento se realizará mediante la reorientación de recursos humanos y materiales ya existentes en la administración pública.
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Capacitación: Las instituciones podrán aprovechar los programas federales vigentes de capacitación en LSM, garantizando la sostenibilidad de la medida bajo principios de racionalidad y eficiencia.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos puntualizó en sus consideraciones que asegurar la disponibilidad de intérpretes en los servicios públicos no es sólo una acción afirmativa, sino una exigencia constitucional que elimina una de las principales causas de exclusión sistémica de la comunidad sorda, transformando de fondo la accesibilidad institucional en el estado.
