Rubén Rocha Moya comparece ante la FGR tras señalamientos de EU
El gobernador con licencia de Sinaloa rindió entrevista ministerial en Culiacán tras las acusaciones formalizadas por una corte federal de Nueva York
Culiacán, Sinaloa, 26 de mayo de 2026.- El gobernador con licencia del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, compareció formalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR) en su sede de Culiacán, con la finalidad de responder a los cuestionamientos de un Agente del Ministerio Público Federal. La diligencia se integra a la carpeta de investigación abierta en el país a raíz de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
A través de sus canales oficiales, Rocha Moya confirmó su asistencia y manifestó su total disposición para colaborar con las autoridades nacionales:
“Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal. Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”.
Alcances de la acusación internacional
El caso cobró relevancia internacional luego de que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentara cargos en contra de Rocha Moya y otros nueve servidores y exservidores públicos de Sinaloa. Las autoridades estadounidenses les imputan delitos graves como:
- Conspiración para la importación de narcóticos.
- Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos.
- Conspiración para poseer armas de uso exclusivo del Ejército.
Según los expedientes de la acusación en EE. UU., los implicados habrían recibido sobornos millonarios a cambio de otorgar protección institucional a facciones delictivas. Debido a esto, el mandatario estatal solicitó previamente una licencia temporal a su cargo ante el Congreso local para encarar las investigaciones.
Situación legal en México
La FGR precisó que el acto se llevó a cabo bajo la figura de entrevista ministerial, un proceso formal de recolección de información que no constituye una imputación penal directa en el ámbito nacional.
Asimismo, la institución federal indicó que tras realizar un análisis técnico a la solicitud de detención provisional con fines de extradición enviada por el gobierno de Estados Unidos, se determinó que los argumentos iniciales no aportaban elementos probatorios suficientes bajo la legislación mexicana, por lo que se continuará con las indagatorias propias bajo la soberanía jurídica del país.
