Violencia escolar sería delito en Michoacán tras propuesta de Octavio Ocampo
La iniciativa plantea reformar el Código Penal para castigar agresiones físicas, psicológicas y cibernéticas dentro y alrededor de las aulas, sin criminalizar a menores de edad.
Morelia, Michoacán, 01 de julio de 2026.- «Hoy muchas familias viven con preocupación porque la violencia escolar ha dejado de ser un problema menor. Ninguna niña, niño o adolescente debería sentir miedo al entrar a su escuela», afirmó el diputado Octavio Ocampo, al presentar una iniciativa que busca dar al Estado herramientas legales para actuar antes de que una agresión termine en una tragedia.
La propuesta fue presentada este miércoles ante el Pleno de la 76 Legislatura y plantea reformar el Código Penal de Michoacán para reconocer la violencia escolar como un delito específico. El objetivo principal es fortalecer la protección de las y los estudiantes tanto dentro como en la periferia de los centros educativos.
Sanciones a agresiones reiteradas y digitales
La iniciativa propone sancionar de manera puntual las agresiones físicas, psicológicas, cibernéticas y patrimoniales que ocurran de forma reiterada. Esto aplica cuando los actos sean cometidos por integrantes de la comunidad educativa, además de que contempla aumentar las penas cuando un homicidio o lesiones se ejecuten en este contexto.
Octavio Ocampo explicó que, en la actualidad, estas conductas suelen investigarse de forma aislada como lesiones o amenazas, debido a que la ley vigente no reconoce el acoso escolar como un problema continuo capaz de escalar hasta causar daños graves.
«Casos registrados en distintas partes del país y en municipios de Michoacán muestran la necesidad de contar con una legislación que permita proteger de manera más efectiva a las y los estudiantes», argumentó el legislador.
Enfoque restaurativo para menores de 18 años
El proyecto de reforma aclara de forma estricta que las personas menores de 18 años no recibirán penas de prisión por este delito. En su lugar, el proceso se conducirá bajo la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Con esto, se priorizará la aplicación de medidas socioeducativas y mecanismos de justicia restaurativa para corregir conductas, reparar el daño a las víctimas y prevenir la reincidencia. Finalmente, se precisó que la propuesta no contempla un impacto presupuestal o económico adicional para las finanzas públicas del estado.
