Propone Memo Valencia hasta 40 años de cárcel por reclutamiento forzado en Michoacán
El diputado del PRI advirtió que esta conducta actualmente no es delito en el estado; criminales como 'El Sierra 1' enfrentarían penas más severas.
Morelia, Michoacán, 08 de julio de 2026.- Una pena de hasta 40 años de cárcel propone el diputado local del PRI, Memo Valencia, para castigar con severidad a quien obligue a otras personas a integrarse a las filas de la delincuencia organizada. La sanción se agravaría notablemente cuando el reclutamiento se realice en contra de menores de edad, personas de la tercera edad o integrantes de comunidades indígenas.
El legislador recordó que, si estas modificaciones ya existieran en el Código Penal del Estado, delincuentes como ‘El Sierra 1’, detenido recientemente, tendrían que responder ante la justicia por este delito, el cual se ha convertido en un problema crítico en toda la entidad.
«Habría un concurso de delitos y tengan la certeza que para la autoridad sería más fácil castigarlo. Y también que el juzgador tendría la posibilidad de sentenciarlo a más años de cárcel», explicó Valencia.
El priista señaló que este fenómeno no es exclusivo de una sola región, ya que así como la zona de Morelia ha padecido el reclutamiento forzado, diversos municipios de la Tierra Caliente, como Apatzingán, también presentan esta problemática de manera constante.
Llamado a legislar sin distingos políticos
Memo Valencia urgió a las distintas fuerzas del Congreso del Estado a dictaminar la iniciativa de forma rápida, recordando que la omisión de no tener tipificada esta conducta es total responsabilidad del Poder Legislativo.
“Ojalá y se pueda dictaminar al respecto y hagamos de eso una realidad… acabamos el periodo legislativo, pero los delincuentes, secuestradores, integrantes del crimen organizado, no tienen vacaciones”, pidió.
La iniciativa, que plantea reformar la denominación del Capítulo III del Título Sexto del Libro Segundo, así como los Artículos 173 y 174 del Código Penal del Estado de Michoacán, recibió el respaldo de diputados de diversos grupos parlamentarios y fue turnada de manera oficial a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.
